Participación Ciudadana
Movimiento cívico no
partidista
La JCE sigue obstruyendo la observación electoral
Ante el
comunicado de ayer 1 de mayo de la Comisión de Observación Electoral de la
Junta Central Electoral (JCE) Participación Ciudadana formula las siguientes
respuestas:
1.- Se trata de
un comunicado lleno de acusaciones carentes de evidencias, elaborado con el
claro objetivo de difamar a nuestra institución pretendiendo presentar a PC y
sus voluntarios como una red de delincuentes.
Rechazamos este propósito enérgicamente y exigimos el respeto que merece una institución
que tiene 19 años promoviendo la democracia. Expresamos nuestra sorpresa por
esos extremos y no logramos entender por qué se ha puesto tanto empeño en
desacreditar nuestra institución y
nuestra observación.
2.- La lista de
“inconsistencias” que la JCE alega haber encontrado en una presunta muestra
tomada de los 3,805 ciudadanos que han
voluntariamente sometido su solicitud de observar, a través de PC, está plagada
de errores y omisiones culposas que desacreditan la investigación llevada a
cabo por el organismo.
a)
Los únicos nombres que se citan son dos personas que figuran
como delegada y suplente técnica del PRD en los municipios de Fundación,
Barahona, y Cristóbal, de la provincia
Independencia. La JCE omite decir que en
su primera lista de objetados, hace tres semanas, cuestionaba a 17 ciudadanos
por considerarlos vinculados a partidos políticos, de los cuales 6 eran de la Unión Demócrata Cristiana, 4 de
Dominicanos por el Cambio, 2 del MIUCA y los cinco restantes del PLD, PRD,
PRSC, PDI y PVUD. Es importante destacar
que esta pequeña cantidad, por demás insubstancial, se refiere a ciudadanos que
en muchas ocasiones sólo han figurado en elecciones anteriores como candidatos
a regidores y vocales de pequeños municipios y distritos municipales de
diversas regiones, los cuales conservan intactos su derecho a observar las
presentes elecciones.
b)
Los casos de antecedentes penales “de recientes
sometimientos a la justicia”, que no se identifican, por lo demás, violan el
principio de inocencia constitucionalmente consagrado.
c)
Las “varias
personas” que cumplen sentencia en
cárceles de Higuey y Cotuí debieron igualmente haber sido identificadas por la
JCE. Resulta insólito que la JCE
pretenda que Participación Ciudadana fue a las cárceles a reclutar y a dar
entrenamiento a observadores. Suministrar los nombres de esos presuntos
reclusos nos ayudaría a determinar cómo llegaron sus solicitudes y quiénes
firmaron y tramitaron los formularios correspondientes, pues de lo contrario se
alimentaría la idea de infiltración
maliciosa para tratar de desprestigiar nuestra organización no partidista.
d)
De igual manera, la JCE omite mencionar por su nombre
la persona que dice no haber firmado el
formulario de solicitud. Para PC es de
sumo interés que se divulgue el nombre para permitirnos descartar la
información recibida de que esa persona trabaja en la propia JCE.
e)
Por ultimo, resulta altamente preocupante que dentro de
esas “inconsistencias” se haga figurar el hecho de que existe un llamado
“Sistema de Investigación Criminal” que crea fichas desconocidas para la
ciudadanía, que pueden inhabilitarla para el ejercicio de sus derechos
ciudadanos, en franca violación a sus derechos fundamentales.
3.- En ocho
observaciones electorales la metodología de reclutamiento de PC se ha fundamentado
en la confianza en la ciudadanía. Los
observadores llenan un formulario cuyos datos verifican, de manera principal,
que se trata de voluntarios cuyos derechos ciudadanos están hábiles y por esa
razón figuran en el padrón electoral. Confiamos
en el padrón electoral para depurar a nuestros voluntarios, de la misma manera
que la JCE confía en ese instrumento para determinar quién está hábil para
votar. PC no cuenta con organismos de seguridad que, a contrapelo de derechos
fundamentales y sobre todo, del principio de inocencia, recurren a antecedentes
criminales no validados por tribunales o crean fichas en un llamado Sistema de Investigación
Criminal cuya legitimidad la ciudadanía desconoce.
4.- No criticamos
que la JCE investigue a nuestros observadores, pero exigimos que lo haga de
forma institucional, apegada a La
Constitución, y sobre todo de forma transparente, publicando los nombres,
identificando las condiciones que utiliza para inhabilitar a cada uno,
señalando los textos legales que establecen esas inhabilitaciones, mostrando
las pruebas que posee y respetando el derecho de defensa de estos ciudadanos.
5.- La JCE ha
sometido a PC a un proceso
discriminatorio, con requerimientos especialmente diseñados para ella, tales
como la toma de datos biométricos y una obligación presencial innecesaria. La verdad es que estos requerimientos, que no
figuran en la Ley ni en el Reglamento de Observación Electoral al cual PC ha
dado estricto cumplimiento; que no han sido exigidos a las decenas de miles de
ciudadanos que integraran los colegios, a los delegados de los partidos o a los
observadores internacionales, sólo tienen por objeto dificultar la labor de
observación de nuestra organización.
6.- La obligación de ir a cada junta municipal
a llenar nuevos formularios no agrega ningún dato que ya no hayamos entregado a
la JCE. Para determinar si existían antecedentes judiciales, no era necesaria la
presencia de los voluntarios, tal y como lo demuestra la presunta depuración que
ha llevado ahora a cabo la JCE. Se trata de un nuevo recurso de dilación y
distracción, encaminado a desincentivar y atemorizar a la ciudadanía para reducir
nuestra nómina de observadores.
7.- Reconocemos que en su Informe, por primera vez,
la Comisión de Observación Electoral ha finalmente accedido a la repetida
solicitud de PC de que se aclare la facultad reglamentaria de observar los colegios electorales, además de los centros de
votación y las juntas electorales. En la comunicación de la JCE que aceptaba
nuestra solicitud de acreditación, fechada 21 de abril y entregada el 24, los colegios
habían sido omitidos, aún cuando son el
núcleo fundamental de nuestra
observación y especialmente del conteo rápido que hacemos desde 1996.
8.- La JCE llama
a nuestros voluntarios a acudir, a partir del próximo viernes 4 de mayo, a
retirar su acreditación, siempre que la misma no esté en discusión. Sin embargo, como la JCE no ha identificado
la lista de los “discutibles”, es imprescindible que esta publique, antes de
esa fecha, los nombres de las 188 personas que dice objetar y les otorgue el
derecho a defenderse. Urge que la JCE
cumpla con este paso de inmediato, para no continuar retrasando el proceso de
observación de PC a sólo 16 días de las elecciones y asegure la preparación
diligente de una logística que permita entregar, rápidamente, la acreditación a
todos los voluntarios cuyo derecho no esté en discusión o haya sido
exitosamente discutido. Igualmente solicitamos a la JCE habilitar los días
sábado y domingo para que nuestros observadores que no obtengan permiso de sus
empleadores, puedan acudir a retirar sus acreditaciones en días no laborables.
9.- Finalmente,
PC deja constancia de su férrea voluntad de cumplir con el derecho y el deber
ineludible de observar las próximas elecciones con la pulcritud y honorabilidad
ciudadana que nos ha ganado prestigio nacional e internacional. Llamamos a toda
la ciudadanía, a las diversas organizaciones sociales, políticas y religiosas a
defender la observación electoral como un derecho ciudadano adquirido y
reconocido en todas las naciones democráticas.-
Santo Domingo
2 de mayo del
2012
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